La nueva Ley Universitaria, aprobada hace pocos días, es un gancho al hígado a los establecimientos de licenciatura rápida, y en general a todo el cártel dedicado a los estudios universitarios de medio pelo (cártel que dicho sea de paso cuenta con aliados tanto dentro como fuera del Congreso de la República, aliados tanto de color naranja noventero, como amarillo solidario, entre otros). Sin embargo, y pese a que la Ley Universitaria representa un gran avance, no deja de escucharse objeciones que piden inmediatos ajustes.

Uno. Fiscalización limitada.
El organismo fiscalizador debió llamarse Consejo, y no Superintendencia. Tanto para el exministro de Educación Nicolás Lynch, como para Antonio Zapata, una “Superintendencia” acarrea series restricciones a la hora de supervisar y regular los pasos que dan las instituciones dentro del sistema universitario. Por ejemplo, la acreditación que emitirá la SUNEDU a las universidades no es siquiera obligatoria (?)

Dos. Dependencia del MINEDU.
El superintendente será nombrado por el Ministerio de Educación (MINEDU), y éste a su vez será el presidente del Consejo Directivo. Detrás de esta figura podemos constatar una peligrosa y cuestionable dependencia del MINEDU, y por efecto, del gobierno de turno. La legislatura que remplaza esta dependencia por autonomía responsable la encontramos dentro del Proyecto de Ley presentado por Manuel Dammert, quien propone que el MINEDU elija su representante dentro del Consejo Directivo del SUNEDU y  que uno de los cinco integrantes restantes (elegidos por concurso público) sea el Presidente del Consejo Directivo. 

Tres. Vulnera el ejercicio de la docencia.
La nueva Ley Universitaria establece, sólo para las universidades privadas, que los docentes que superen los 70 años no podrán ser docentes, sino docentes “extraordinarios”. Pero, ¿por qué llamarlos “extraordinarios”? Ante la invención de esta categoría que vulnera la estabilidad de los docentes, el congresista Manuel Dammert propone garantizar el derecho a ejercer la docencia, excepto en caso de “incapacidad física o mental probada”.

Cuatro. Convive con la universidad empresa.

Por último, el hueso más duro de roer: la SUNEDU no impide la apertura de más universidades empresa, ni sugiere el tránsito (en un periodo determinado) de universidad “con fines de lucro” a “sin fines de lucro”. Es decir, la educación continúa siendo un negocio, hoy con nuevas regulaciones en beneficio de sus clientes, pero un negocio al fin y al cabo. 

Como verán, dimos un gran paso, y aún queda mucho trecho por delante. Ya lo dijo Dilma Rousseff, las reivindicaciones sociales son sólo el inicio de otras reivindicaciones.