Opinión: Paul E. Maquet

El presidente Ollanta Humala acaba de presentar un proyecto de Ley que crearía la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. La primera impresión es que se trata de un proyecto que desautoriza la llamada “Ley Mora”, es decir, el proyecto de nueva Ley Universitaria cuyo dictamen aprobó la Comisión de Educación del Congreso presidida por Daniel Mora, parlamentario de Perú Posible y aliado del Gobierno. ¿Por qué el Ejecutivo presentaría si no un proyecto de Ley que aborda un punto que está incluido en el proyecto elaborado por su aliado? 

Una rápida revisión del texto nos explica el por qué: se trata de un proyecto que –sin reformar en nada el funcionamiento interno de las universidades, pues solo se trata de crear un organismo regulador- busca poner a las universidades bajo el control del Poder Ejecutivo, y más específicamente del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Superintendencia –el nuevo órgano que regulará a las universidades- propuesta en la Ley Mora se caracteriza por estar conformada por representantes de diversos sectores: el Poder Ejecutivo, las universidades públicas, las universidades privadas, los colegios profesionales y los gremios empresariales. Puede discutirse esta composición, pero el hecho es que el Gobierno no tiene mayoría en dicho espacio.

En cambio, la Superintendencia del proyecto de Ollanta Humala está conducida por un Superintendente nombrado por el Gobierno mediante Resolución Suprema a propuesta del Ministerio de Educación, es decir, todo está 100% en manos del Ejecutivo. Además, está conformada por un Consejo Directivo de cinco miembros seleccionados mediante concurso público por el propio Poder Ejecutivo, designados mediante Resolución Suprema y que pueden ser removidos de sus cargos mediante Resolución Suprema refrendada por los ministerios de Educación y de Economía. Finalmente, el otro miembro de este organismo es un representante del propio MEF.

Así pues, las funciones de autorizar o denegar el funcionamiento de universidades, facultades y programas, así como de fiscalizar a las universidades, eventualmente sancionarlas, etc., recaen directamente en un órgano que depende por completo del Poder Ejecutivo. Ahora sí, los rectores y estudiantes podrán decir con razón que el proyecto vulnera la autonomía, pues ya no serán regulados por un órgano autónomo sino directamente por el Gobierno de turno.

Más aún, llama la atención el rol del Ministerio de Economía y Finanzas: ¿por qué esta cartera debería tener un rol tan predominante en la regulación de las universidades? Los tentáculos de Castilla y de los “Chicago Boys”, es decir, de los tecnócratas neoliberales del MEF, cada vez llegan más lejos y ahora pretenden definir las prioridades del país en cuestiones de investigación y formación académica y profesional. Por ello, esta debería llamarse la Ley Castilla.

Es increíble la poca habilidad política de Humala. Si ya era difícil la aprobación de la Ley Mora, por las resistencias que genera en diversos sectores, pues esta nueva propuesta tiene todas las posibilidades de encender la pradera y poner de un solo lado a los rectores, gremios estudiantiles y docentes así como a las bancadas parlamentarias vinculadas con universidades-empresa. Además, desautoriza a sus aliados parlamentarios que vienen trabajando una propuesta –buena o mala, pero que ha seguido los procesos democráticos de un proyecto de Ley dentro del Congreso- durante más de dos años. Todo, por la voracidad de Castilla y sus tecnócratas.