Artículo publicado originalmente en Spacio Libre

Por Paul Maquet

Es el rush final. La Ley Universitaria ya tiene un dictamen en mayoría y dos dictámenes en minoría, y debe pasar al Pleno del Congreso en esta legislatura, que se inicia en marzo.

No se ha llegado a este punto de buenas a primeras, ni por obra y gracia de Daniel Mora, como muchos parecen creer. Hace casi 15 años los movimientos estudiantiles levantan la bandera de una reforma y una nueva Ley Universitaria para superar tanto la crisis y abandono de la universidad pública como el modelo fujimorista de universidad “al paso”. Durante la primera mitad de los 2000, se sucedieron decenas de tomas universitarias, primero para acabar con la intervención militar y luego por demandas anticorrupción, por el restablecimiento del principio de gratuidad educativa, y por mayor calidad y presupuesto.

El tema poco a poco fue entrando en agenda política. En los primeros años de la transición post-fujimorismo, el Ministerio de Educación realizó un informe bastante completo esbozando propuestas para una reforma. En años posteriores, en el Congreso se presentaron más de una decena de proyectos de Ley, los mismos que el 2012 fueron recogidos en una propuesta elaborada por Sergio Tejada, la que entonces no pudo ser debatida por las resistencias y los intereses creados en un tema que no parecía tener réditos políticos inmediatos. Los movimientos estudiantiles y docentes también presentaron diversas propuestas en ese marco, así como la propia ANR.

Poco a poco, las condiciones políticas se iban haciendo cada vez más propicias: quizás la denuncia contra el “rector millonario” Cervantes de la UIGV, que estuvo precedida de los famosos viajes al extranjero de políticos gracias a Alas Peruanas, entre otros escándalos, permitieron poner en agenda la urgencia de una reforma. Quedaba claro que alguien tenía que poner el cascabel al gato. Es allí donde Mora asume el tema y se convierte en el principal promotor de la nueva Ley, estableciendo de inmediato un antagonismo con la ANR.

El texto del proyecto de Mora es producto de una serie de propuestas previas: toma cosas del proyecto de Tejada y de la propia FEP, como la elección universal y el vicerrectorado de investigación; toma cosas de las propuestas de este gobierno y de la ANR, como las flexibilidades para el ingreso de la Policía al local universitario (con la excusa del “MOVADEF”) e incluso plantea cosas tomadas del fujimorismo, como este énfasis obsesivo por “proteger” a los estudiantes (que son vistos como un rebaño de mentes vulnerables) de las “peligrosas” influencias de ex condenados por delitos de terrorismo.

Dentro de esta mezcolanza, la Ley Mora plantea algunos ejes de reforma fundamentales: una valla más alta para la creación y funcionamiento de universidades; una mayor democratización de sus mecanismos de gobierno y fórmulas para promover la transparencia de gestión; una promoción más agresiva de la investigación; y el principio elemental de que debe existir un organismo autónomo capaz de regular y fiscalizar el cumplimiento de estos puntos.

No es la ley perfecta; tiene por un lado muchas insuficiencias, pues es tímida en su control del lucro en la educación y no se anima a prohibir la existencia de universidades-empresa derogando el fujimorista DL 882; legitima algunos enfoques restrictivos y represivos sobre la participación política y el activismo estudiantil; y por otro lado tiene errores conceptuales y excesos que podrían hacer que muchos de sus artículos sean inaplicables, como ha señalado Eduardo Villanueva.

Así pues, ¿qué se debe hacer ahora? El movimiento estudiantil y universitario en general se debate entre dos posturas: el archivamiento y la reforma.

Lo que yo pienso, y sugiero a los protagonistas de esta historia que son los propios estudiantes y docentes, es que ESTE es el momento para HACER política, es decir, para incidir realmente en las decisiones que se toman en nuestro país. Pedir el “archivamiento” es abdicar de la verdadera lucha política, pues implica sepultar la actual iniciativa de reforma y patearla para más adelante, perdiendo la oportunidad política abierta HOY. ¿Cuándo se volverían a dar las condiciones políticas para una reforma? Quizás nunca, y quizás en los próximos años la correlación de fuerzas podría ser aún más difícil, con el auge de movimientos como el de Acuña.. Ha costado demasiado llegar a este punto como para tirar al bebe con el agua sucia.

Lo que corresponde, pues, es una ofensiva política que busque que la Ley que sea aprobada por el parlamento responda a las necesidades y demandas del movimiento estudiantil. Para ello, es necesario definir una agenda concreta de las modificaciones que se deben hacer al actual dictamen para satisfacer dichas demandas, fijar un programa mínimo y uno máximo y establecer una estrategia política que incluya acciones de calle y de protesta, así como incidencia directa con los congresistas. Decir simplemente “archivar esta ley nefasta, etc.” es perder la batalla antes de lucharla.

Quien crea que las condiciones no permiten modificar el actual dictamen, no lee correctamente el momento político:

- en primer lugar, el proyecto NO viene elaborado desde el Ejecutivo como anteriores reformas (Ley SERVIR, reforma magisterial, etc.) en las cuales la bancada de gobierno tenía orden expresa de votar a favor. Aquí ni siquiera conocemos la opinión del MEF, pero como este ministerio es casi orgánico a la CONFIEP debemos suponer que no es su Ley favorita.

- en segundo lugar, el dictamen cuenta con la oposición militante de los empresarios y de los rectores, lo que implica que si algo necesita Mora es de aliados.

- y en tercer lugar, el dictamen no tiene una mayoría garantizada en el Pleno. Gana Perú y Perú Posible llegan a penas a 53 votos, los ppkausas han anunciado que votarán en contra, y a juzgar por sus vínculos con las mafias de la educación, Solidaridad Nacional, el fujimorismo y el APRA también votarán en contra. Así pues, los votos progresistas del Frente Amplio y Acción Popular, así como los disidentes de Unión Regional, pueden ser fundamentales.

Hay algo menos de dos meses y medio para esta tarea. La lucha política es ahora, no más adelante para cuando se den las condiciones ideales para una reforma “desde las bases” como reza una consigna. De hecho, la actual situación -en que para la opinión pública ya es notoria la crisis universitaria y resulta urgente una reforma- es producto directo de las luchas y propuestas desde las bases estudiantiles de años anteriores: sin ellas, no se habría llegado a este punto. Ha costado mucho lograr que una nueva Ley Universitaria esté lista para ser debatida en el Pleno: en este tramo final corresponde hacer lo posible y lo imposible para que dicha Ley refleje las demandas universitarias por una verdadera reforma.