Fuente: Noticias SER

El último gran debate nacional que ha concitado la atención de propios y extraños es el que ha generado la aprobación del proyecto de Ley Universitaria en la Comisión de Educación del Congreso y que esta espera sea debatido por el pleno en la próxima legislatura.

El proyecto ha sido tan bien recibido por unos como criticado duramente por otros. Desde un frente, la Asamblea Nacional de Rectores lo ha objetado en todos sus aspectos y señalado, principalmente, que recorta la autonomía con la que toda institución académica superior debe contar para llevar a cabo las funciones para las cuales existe. Contrariamente, los detractores del sistema legal universitario vigente creen que el proyecto de ley acabará con el actual modelo que ha devenido, por una y mil razones, en obsoleto y perjudicial para el país y, especialmente, los estudiantes.

Pero, ¿qué piensan en las regiones los universitarios y la ciudadanía en general sobre esta iniciativa legal? ¿Los beneficia? ¿Perjudica? Noticias SER conversó con un grupo de dirigentes universitarios y catedráticos para saber cuál es el impacto que tendría el proyecto si fuera aprobado.

Ayacucho lo rechaza

Desde Ayacucho, Saúl Barrientos, dirigente estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, criticó a la Comisión de Educación del Congreso de la República por aprobar la propuesta de una nueva ley universitaria sin incluir ciertos reajustes solicitados por los estudiantes de las universidades nacionales.

Barrientos explicó que la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú (FEP) presentó hace algunos años una propuesta para reajustar la ley vigente, pero nunca fue tomada en cuenta por los parlamentarios. “Es lamentable que a pesar de la existencia de una propuesta se haya lanzado otras y no se haya incluido nada con respecto a lo que piensan los universitarios”, adujo.

En opinión del dirigente estudiantil, la propuesta aprobada sí va en contra de la autonomía universitaria, pero también explica que está de acuerdo con la desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores porque no ha respondido a los fines de su creación. “Se ha visto que la ANR es un grupo de personas que no han contribuido con propuestas para mejorar la educación universitaria, entonces ya no tiene razón de ser. Requerimos otra instancia que fiscalice y haga control de las universidades”, expresó.

Por su parte, Noe Chimayco, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (FUSCH), rechazó la aprobación de la propuesta legislativa por las mismas razones de Barrientos. “Como dirigentes de la FUSCH estamos haciendo la bajada a bases y realizaremos una reunión ampliada. Asimismo, vamos a emitir un comunicado de rechazo a la propuesta”, dijo.

Chimayco indicó que para tranquilidad de las universidades, esperan que el pleno del Congreso no apruebe la ley porque no se ha socializado adecuadamente la propuesta aprobada en la Comisión y no se ha trabajado adecuadamente con los afectados directamente por la norma, que son los estudiantes. “En la propuesta legislativa no ha tenido participación activa los estudiantes. Además, en la propuesta se esta criminalizando al gremio estudiantil. No hay duda de que detrás de este proyecto de ley hay intereses económicos de algunos grupo de poder”, sentenció.

Si bien Chimayco relativiza que la propuesta esté en contra de la autonomía universitaria. En cambio afirma que sí es necesaria la desaparición de la Asamblea Nacional de Rectores, instancia que ha carecido de propuestas de solución a la problemática universitaria porque –asegura- hay intereses de grupos y no han cumplido su rol de trabajar por la calidad de la educación universitaria. “Es necesario que se cree otra instancia. Se requiere de otra alternativa donde también participen los estudiantes”, explicó.

Kate De La Cruz Rojas, presidenta del Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, informó que desde el IRJA aún no se ha acordado emitir comunicado alguno respecto a la aprobación de la polémica propuesta, pero informó que entablarán coordinaciones con las organizaciones estudiantiles universitarias para poder promover un debate más amplio sobre esta propuesta legislativa que en caso de ser aprobada afectará al estudiantado. “Es necesario pedir que en la nueva ley universitaria se incluya las propuestas que tienen los universitarios. No se puede legislar de espaladas a la población”, matizó.

Puno salió a protestar contra el Proyecto

En Puno, es importante mencionar que en la Universidad Nacional del Altiplano, una vez que se conoció el dictamen mayoritario de la comisión de Educación, se convocó la semana pasada a una movilización triestamental pidiendo respeto a la autonomía universitaria.

En esa línea, el decano de facultad de Ingeniería Económica de la UNA, Cristobal Yapuchura Saico, consideró que el punto más controversial de la nueva ley universitaria es la violación a la autonomía que no es compatible con la propia Constitución peruana. “La constitución reconoce la autonomía universitaria por la tanto las funciones que se le está asignando a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu) son muy restrictivas porque va a normar y regular toda la actividad universitaria”, manifestó.

Sin embargo, Yapuchura encontró algunos puntos rescatables, sobre todo los referidos a que los estudiantes deben estudiar una sola carrera o que aquellos que permanezcan mucho tiempo en los claustros universitarios deban ser evaluados debido a que quitan plazas a otros alumnos. En ese sentido, consideró que debe extenderse el debate discutiendo el proyecto de ley con académicos y personas entendidas. “A nivel internacional, las leyes universitarias y la vida universitaria siempre han tenido autonomía, independencia. Ello va con la libertad de pensamiento de los seres humanos que no pueden estar sujetos a situaciones políticas como en este caso que se va a estar adscrito al ministerio de Educación. Esto significa que tendrá un manejo político”, refirió.

Por su parte, los trabajadores administrativos, a pesar de no pertenecer a los estamentos académicos, ven con temor este controversial proyecto. Ramón Ccama Huisa, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional del Altiplano (Sutrauna), consideró que en mérito a la autonomía universitaria (que estaría en peligro), lograron arrancarles algunos beneficios a las autoridades de la UNA. “Pero como ahora todo va a ser a través de una Superintendencia, esto no será posible. Por eso estamos reclamando; es más, nosotros hemos venido reclamando permanentemente que los trabajadores administrativos seamos considerados como estamento, que nos den voz y voto en los órganos de decisión”, refirió.

En ese sentido agregó que de no darse la acreditación de algunas facultades habrá un recorte de personal porque tendrán que cerrarlas. “Así como está, no beneficia en absolutamente nada. Por eso participamos en las movilizaciones convocadas pidiendo respeto a la autonomía”, detalló.

En Cajamarca, las opiniones están divididas

En Cajamarca, el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, Michael Ortiz Colorado, reconoció que es necesaria una reforma universitaria pero no a la manera como la viene promoviendo la Comisión de Educación del Congreso, que busca afianzar el actual modelo universitario sin cambios de fondo. Señaló que no se está promoviendo una modificacion de las normas que transgreden la calidad de la enseñanza ni de aquellas que permiten la creación de universidades privadas con fines de lucro que sirven para hacer negocios. “Los agregados que le da Daniel Mora a la Ley universitaria en relación, por ejemplo, a la Superintendencia, son dañinos para la universidad peruana no por el hecho que defienda simplemente la figura de no rendir cuentas, sino que el problema va más allá, ya que transgrede los lineamentos académicos de las universidades peruanas. El ministerio de Educación no ha dado solución a la problemática de la educación del país”, señaló.

Ortiz señaló además que han propuesto que exista un organismo nacional autónomo sin injerencia de la empresa privada, de los grupos de poder ni de los gobierno de turno, por lo que plantean que haya un Consejo Nacional Universitario, integrado por cinco representantes de las universidades públicas no necesariamente rectores, cinco de universidades privadas sin fines de lucro, entre otros. “Hemos pedido eso en la Comisión de Educación. Sin embargo, no se nos ha hecho caso. Mora, así como Humala que dijo un montón de cosas en campaña, está haciendo lo mismo con la universidad, que se va a mejorar la educación superior, que va a haber más investigación, que se va a eliminar todo tipo de corrupción. Pero en el dictamen no se ve nada de ello”, señaló.

Además señaló que en el tema de educación y desarrollo no se ve un incremento del presupuesto, que solamente invierte el 0,1 % del PBI, que en ninguna parte de la ley se dice que se va a incrementar. “Es una ley demagógica, que esta para poder encantar a la gente, que no va a concretizar lo que manifiesta. Que se respete el Acuerdo Nacional de incrementar el presupuesto del PBI a un 6%, que a la fecha de manera general ni siquiera se ha logrado superar el 3 % para la educación. Además, este proyecto de ley pretende satanizar la protesta estudiantil”, refirió.

Finalmente dijo que si un alumno repite un curso tres veces y es retirado de la universidad, no solo es responsabilidad del estudiante sino de los profesores. “Si una alumno sale desaprobado la primera vez con 10 la segunda vez con 10 y la tercera de repente se siente presionado por algún docente corrupto, entonces esto no va a dar resultado”, dijo.

En oposición a las voces anteriores, para José Pérez Mundaca, antropólogo y decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Cajamarca, la propuesta de nueva ley universitaria debería aprobarse de manera urgente ya que tiene más virtudes que defectos y tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación de la universidad nacional.

Señaló que hay otras pruebas de que la ley es buena, ya que hay un fuerte despliegue publicitario del grupo corrupto de la Asamblea Nacional de Rectores que están en contra de la ley. “De otro lado, el APRA y el Fujimorismo se oponen a la aprobación de la ley porque son grupos políticos corruptos. Eso para mí es una señal indirecta de que la ley es buena, porque estos grupos defienden intereses. No nos olvidemos que Alan García es copropietario de la universidad de San Martin de Porres y hay fujimoristas que no quieren que cambie nada para seguir pésimos en la educación”, sentenció finalmente.

Como se puede apreciar, el debate en torno al proyecto aprobado en la Comisión de Educación del Congreso no solo es seguido con interés por las comunidades académicas del interior del país, sino que además estas reclaman una participación más activa en ese debate. La interrogante es: ¿Oirá el Congreso la voz de las universidades regionales?